La Cámara de Diputados mexicana y posteriormente los senadores aprobaron recientemente, aunque después de muchos años estancada, casi 9, una serie de reformas que permiten que la Procuraduría General de la República (PGR) persiga de oficio a quienes incurran en prácticas de piratería. Es decir, se podrá perseguir, sin denuncia de por medio, a quienes participen o colaboren en la producción, almacenaje, transporte, introducción al país o venta de objetos que ostenten la falsificación de marcas: piratería.
Los castigos por ejercer este trabajo, la piratería es parte importante de la economía informal del país, serán castigados con una pena de seis meses a seis años de prisión, y multas que van de 5 mil a 30 mil días de salario mínimo.
Los Trabajadores sin Salario Patronal, entre otros representantes de los trabajadores informales, han visto en esta ley el último de los ataques a su medio de supervivencia y están tratando de movilizarse en la reivindicación de sus derechos como trabajadores, hasta tal punto que por primera vez en su historia se manifestaron juntos el día 1 de Mayo. Esta ley, sin duda, traerá cambios en el trabajo informal, pero, ¿y en el consumo informal?
El Senado desechó el borrador remitido por la Cámara de Diputados que consideraba aplicar sanciones administrativas a quien se sorprenda adquiriendo productos pirata. Ciertas estadísticas dicen que en el 2009 ocho de cada diez personas compraron pirata. Si se hubiese aprobado esta reforma el 80% de los mexicanos se hubiese convertido en delincuente.
Si eliminaran el empleo informal, el pueblo se levantaría en armas, esto es imposible…Es como el narcotráfico, genera muchos ingreso al pais, eso de eliminarlo es pura mentira.